La responsabilidad compartida
Las empresas multinacionales
En ocasiones suelen buscar únicamente su propio beneficio económico sin tener en cuenta los territorios ni las poblaciones en los que ubican sus negocios. Olvidan que tienen una responsabilidad con el medio ambiente y con las personas, olvidan que los Derecho Humanos son universales y que no dependen del territorio o del país en el que actúan.
Los gobiernos nacionales
La Constitución de 2008 de Ecuador «reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay» (art.14). El Estado es responsable de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas (art. 57). La Constitución también reconoce los derechos de la naturaleza: «La naturaleza o Pacha Mama, donde se produce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza» (art. 71)..
La destrucción de la Amazonia por empresas transnacionales y nacionales es avalada por los gobiernos que ponen en la extracción del crudo los cimientos para un desarrollo que resulta invisible para los pueblos de la región.
Fuente: Accción Ecológica.
CASO TEXACO: el Juicio Medioambiental del Siglo
Trescientas mil personas denunciaron en 1993 a la empresa petrolera estadounidense Chevron-Texaco ante la Corte Federal de Nueva York, por su actividad petrolera en el Lago Agrio, que durante 21 años provocó la contaminación del medio ambiente y causó enfermedades a la población desde 1971. Está en juego el establecimiento de un criterio según el cual “las compañías petroleras estadounidenses deberán ser ambientalmente responsables si quieren operar en el extranjero”, dijo el principal abogado de los demandantes, Cristóbal Bonifaz.
Este caso pone sobre el tapete el rol de las empresas transnacionales en la extracción de los recursos naturales, evidencia la irresponsabilidad de dichas empresas y la falsedad de las tecnologías punta que ofrecen.
En agosto de 2002 la demanda fue enviada a Ecuador, y en 2011, los tribunales ecuatorianos condenaron a la multinacional a pagar una indemnización de 19.000 millones de dólares.
